El origen humano del cambio climático y la gravedad de sus implicaciones humanas, económicas y medioambientales están hoy día fuera de cualquier duda razonable. Los impactos más directos y las consecuencias más graves se dan en los países en desarrollo. Pero los efectos del cambio climático no se limitan a los países en desarrollo; tienen dimensión global y afectan ya a cuestiones tan dispares como el precio de los alimentos, el cambio en los destinos turísticos o la reaparición de enfermedades en regiones donde se creían erradicadas.

En ausencia de una respuesta conjunta, rápida y eficaz, el aumento de temperatura se acercará a los 4º C de media para 2050. Vivir bajo esas condiciones tendría unos costes económicos anuales equivalentes al 5 por ciento del PIB mundial y unos costes humanos inaceptables, como el aumento del número de personas con escasez crónica de agua (de los 500 millones de personas actuales a 4000 millones) o la desaparición de varios Estados-isla bajo el nivel del mar.

Es urgente una respuesta global y eficaz frente al cambio climático. Esta respuesta tendrá que venir necesariamente de combinar de forma coordinada, justa y equilibrada los siguientes tres ámbitos, que son al mismo tiempo los que retratan las políticas climáticas de los países desarrollados: mitigación, adaptación y transición hacia un modelo de sociedad bajo en carbono.

Casi una cuarta parte de la humanidad, más de 1.500 millones de personas, vive en áreas que se encuentran afectadas por la fragilidad, el conflicto o la criminalidad a gran escala . Estas áreas, según Naciones Unidas, son aquellas en las cuales la pobreza mundial se encuentra crecientemente concentrada, y esta concentración puede tornarse aún mayor a medida que estas zonas se van haciendo más vulnerables a los riesgos de mayor violencia producto de la escasez de energía, agua y alimentos. La satisfacción de las necesidades básicas y la seguridad son dos aspiraciones universales y la base sobre la que edificar un mundo más justo, seguro y sostenible. Por ello, la lucha contra la pobreza y la construcción de la paz son dos caras de una misma moneda.

Así mismo, un comercio internacional de armas transparente y regulado es otro de los elementos esenciales para la Construcción de la Paz. Sencillamente, sin armas no hay conflictos o éstos son menos violentos y dañinos para los derechos de la población. Gran parte de las armas y del material de defensa usados en conflictos de todo el mundo son fabricados y vendidos por países desarrollados. Más del 95 por ciento de las armas utilizadas en los conflictos africanos, por ejemplo, provienen de fuera del continente. La coherencia política en la regulación de este mercado es un elemento esencial dentro de las herramientas que España tiene a su alcance para evitar o solucionar conflictos de forma pacífica.

El comercio internacional es de un orden de magnitud mayor que cualquier otro parámetro del sistema económico internacional.Para los países más pobres, el comercio internacional también tiene una influencia decisiva en la generación y destrucción de oportunidades económicas y sociales. Así, los ingresos provenientes del comercio internacional son, para el conjunto de los Países Menos Adelantados, más de tres veces mayores que la suma de ayuda al desarrollo, condonación de deuda y remesas que reciben.

Las reglas, principios y acuerdos que conforman el sistema comercial internacional establecen límites al espacio político del que los Estados disponen para gobernar. El sistema de comercio internacional es, por tanto, una pieza fundamental del problema y también de la solución de muchos de los retos globales del desarrollo y es un elemento crucial en el diseño de las políticas de desarrollo y de lucha contra la pobreza.

De haberse dado en 2006 una mayor liberalización comercial de los países ricos, acompañada de reformas políticas e inversiones en los países en desarrollo, para 2015 entre 100 y 400 millones de personas hubieran podido salir de la pobreza.

La Política de Cooperación al Desarrollo es la principal herramienta a través de la cual los “países ricos”, y la Comunidad Internacional en su conjunto, han canalizado en las últimas décadas su contribución a la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo. España se incorporó a la comunidad de donantes e Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a final de la década de los 80 del siglo XX.

El crecimiento cuantitativo de la AOD en España no ha ido acompañado de un crecimiento similar en términos de calidad y eficacia de la ayuda. La sostenibilidad del sistema español de Cooperación al Desarrollo a largo plazo se encuentra afectada por importantes carencias: Debilidad institucional, calidad insuficiente de la ayuda, incapacidad para traducir la financiación multilateral en una mayor influencia, volatilidad de los recursos y auge de los instrumentos financieros en la AOD e incapacidad para influir otras políticas que afectan a los países en desarrollo.

Los recortes anunciados por el Gobierno de España en 2012 suponen un descenso del 40% de la AOD,del 70% de los fondos gestionados por la AECID, colocando a España en valores similares a los de hace una década respecto al porcentaje del PIB. Este descenso presupuestario pone en riesgo la viabilidad misma de la Política Española de Cooperación al Desarrollo.

La generación de recursos financieros propios es uno de los principales retos pendientes de los países pobres. Sin recursos no es posible que implementen políticas públicas para reducir la pobreza y la desigualdad y situarse en la senda del crecimiento y el desarrollo La construcción de sistemas fiscales justos debe convertirse en prioridad política de primer orden para los países en desarrollo.

Además, de estas debilidades estructurales de los países en desarrollo, la fiscalidad a nivel internacional presenta grandes desequilibrios y problemáticas como la existencia de paraísos fiscales en los que se esconden, según el Parlamento Europeo, 13,5 billones de dólares, o las prácticas abusivas de determinadas empresas transnacionales que cuentan con estructuras corporativas compuestas por decenas o centenares de filiales que operan simultáneamente en diversos países. El 60 por ciento del comercio mundial se da dentro de estas estructuras . Resquicios legales les permiten adaptar artificialmente su contabilidad “intra-grupo” para tributar donde más les convenga y reducir así su factura fiscal a nivel global.

El FMI, el G20 y la UE tienen en su agenda una posible reforma de la fiscalidad internacional con gran potencial recaudatorio, importante componente progresivo y bajo coste social. Se trata de una pequeña tasa a las transacciones financieras internacionales (TFF) que podría recaudar más de 300.000 millones de euros anuales . Parte de estos fondos podrían destinarse a financiar “bienes públicos globales”, como la lucha contra la pobreza y el cambio climático, en los que los países desarrollados tienen una responsabilidad que cumplir pero para los que no se destinan suficientes recursos.

La intensidad de los flujos migratorios se ha acelerado a lo largo de la última década. Nada hace pensar que esta tendencia vaya a cambiar en los próximos años. Una combinación eficaz de factores de atracción y de empuje determina los movimientos internacionales, con una intensidad que escapa al control de los Gobiernos. Mientras tanto, las tendencias presentadas recientemente por el Fondo de Población de las Naciones Unidas siguen mostrando un planeta en el que las generaciones más jóvenes se concentran en los países pobres y las más ancianas en el mundo desarrollado.

Los controles fronterizos impuestos por los Gobiernos de acogida pueden incrementar o reducir la intensidad de los movimientos migratorios, pero no alteran sus tendencias fundamentales. Sin embargo, las consideraciones culturales y políticas asociadas a la inmigración han llevado a los Gobiernos de los países de acogida (en particular, a los más desarrollados) a imponer un régimen migratorio global de carácter unilateral –definido con independencia de los intereses y prioridades de las otras dos partes afectadas: los países de origen y los propios trabajadores migrantes – y cerrado –orientado a restringir los flujos de trabajadores, más que a gobernarlos.

Las distorsiones provocadas por este modelo son múltiples: Ineficiencia económica, vulneración de derechos fundamentales (civiles y sociales) del trabajador y de sus familias y de coste de oportunidad para el desarrollo. Su reforma constituye un objetivo que generaría importantes beneficios pare el desarrollo, pero también para las sociedades de los países de destino.

Las políticas públicas españolas con repercusiones en los países en desarrollo e impactos en el desarrollo global sostenible son muy variadas. Desde la última década del siglo XX se ha tomado conciencia sobre el impacto e implicaciones que determinadas actuaciones de los países desarrollados tienen sobre las posibilidades de desarrollo de terceros países.

CIECODE, fiel a esta visión comprehensiva de la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo, ha incorporado estos ámbitos al sistema de seguimiento y puntuación del proyecto Avizor, agrupándolos en 6 categorías: Comercio Internacional e Inversiones; Cambio Climático y Política Energética; Fiscalidad; Migraciones Internacionales; Comercio de Armas y Construcción de Paz y Cooperación al Desarrollo y AOD.

Una séptima categoría, denominada “Otras Políticas” está reservada para materias igualmente relevantes pero que, por la menor frecuencia con la que son abordadas en la actividad parlamentaria, son agrupadas bajo este título genérico. Las materias incluídas bajo este epígrafe serán, entre otras, los Derechos Humanos, la infancia o la desigualdad de género. En ocasiones, estas temáticas son abordadas de forma transversal en el contexto de otro ámbito temático (comercio internacional, migraciones…), en cuyo caso el proyecto Avizor lo registrará bajo ambos epígrafes.